El Movimiento Nacional de Victimas de la Dictadura del Gral. Alfredo Stroessner denunció la "injusta" orden judicial de despojo de su propiedad heredada a uno de sus dirigentes. El afectado es José Gill Ojeda, de la ciudad de Atyrá, quien se quejo de la sospechosa situación de jueces desde el inicio del proceso, que perjudica a ocho familias.
Dirigentes del Movimiento Nacional de Vícitmas de la Dictadura de Alfredo Stroessner, coordinado por Santiago Rolón, acompañaron a José Gill Ojeda a nuestra redacción para denunciar la situación que afecta a su familia y a otros parientes.
La comitiva estuvo encabezada por el ex senador de Patria Querida, Estanislao Martínez, coordinador del Movimiento en el Departamento de Caaguazú. Dirigentes del quinto departamento, de Itapúa, San Pedro, Misiones, Cordillera, y otros puntos del país integraron el grupo solidario.
Gill Ojeda fue dirigente de las Ligas Agrarias Cristianas durante la dictadura del Gral. Stroessner. Estuvo exiliado en Bolivia y Brasil durante el régimen y después del advenimiento democrático regresó a nuestro país. El luchador por la libertad podria ser desalojado hoy del inmueble donde vive.
Según relató, su abuelo Ambrosio Feldkamp les dejo como herencia una propiedad de 22 hectáreas, ubicada en la Compañia San Vicente, Atyrá, a sus siete hijos, entre ellos su madre, María Juliana Feldkamp Gómez.
Despúes del fallecimiento de su abuelo, en 1966, su tío Eriberto José Feldkamp abrió una supuesta sucesión sin que los demas hermanos se enteraran y puso a su nombre la propiedad "con toda mala intención".
Los herederos intentaron resolver de manera amistosa el conflicto que se originó por su desatinada acción, pero no hubo caso.
Entonces iniciaron una acción judicial en su contra para que el inmueble fuera distribuido equitativamente, y sin embargo perdieron el juicio.
Añadió que en el año 2000, Eriberto Feldkamp inicio un juicio de desalojo. En el 2002 falleció, pero el proceso continuó a través de uno de sus hijos, Amancio Feldkamp. Ese mismo año, la entonces jueza en lo civil y comercial de Caacupé, Mirta González de Caballero, dictó sentencia definitiva de desalojo.
Los herederos (ocho familias), apelaron la sentencia, pero la Camara de Apelaciones confirmó la decisión de la jueza. Entonces presentaron una acción de inconstitucionalidad, que tampoco les favoreció.
Finalmente, en el 2009, la actual jueza en lo civil y comercial de Caacupé, Verónica Almirón de Alfonso, libró un mandamiento de desalojo (desahucio).
De acuerdo al aviso del jefe de la Subcomisaria de San Vicente, subcomisario Luís Aguilera, el desalojo se ejecuta hoy.
Gill señaló que los entendidos califican como una "aberración juridica" la sentencia, considerando que el mandamiento señala que las tierras deben ser entregadas a Edilberto Feldkamp, quien murió en 2002. En todo caso, después de sus fallecimiento se debió iniciar una nueva demanda, sostuvo.
Iniciaron otro juicio
Ante el mandamiento, las ocho familias iniciaron un juicio de reconocimiento de herencia ante la jueza del cuarto turno en lo civil y comercial de Asunción, Judith Gauto. Los documentos fueron presentados en la secretaria Nº 7, pero lamentablemente no le imprimió la celeridad que requería por la situación de urgencia, expreso Gill.
Una comitiva de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio del Interior visiitó a las familias para pedirles que abandonden el inmueble, para evitar hechos de violencia, comentó el denunciante.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ofreció la opción de comprar la propiedad para evitar el desalojo de las ocho familias, pero Feldkamp la rechazó, indicó.
Estanislao Martínez dijo que entienden que se trata de los "ultimos coletazos" de la dictadura, considerando que la justicia continúa siendo manejada por los "popes" de la dictadura stronista, que actuan solapadamente. La sentencia debió ser revocada ya que se demostró que son legitimos herederos de las 22 hectáreas, enfatizó.
05/05/2010
