En particular, la banda stronista integrada por los llamados “ barones de Itaipú,” resiste la entrega del control de los ingresos de la represa de Itaipú. Para alcanzar ese objetivo han montado, con el caso de los refugiados Arrom, Martí y Colmán, una operación judicial, policíal y política que ataca directamente la soberanía de Brasil. ( las responsabilidades stronistas de la operación quedan claras en “Los efectos milagrosos de un secuestro” de Nemesio Barreto, que adjuntamos. )
En general, sostenemos que la contradicción política a nivel continental esta condicionando visiblemente el conflicto por el poder, en Paraguay. Veamos, Chile, Perú, Colombia, afines a EE.UU. y los mecanismos de los TLC’s y demás remantes del ALCA se posicionan frente a Venezuela, Bolivia, Ecuador, promotores del bloque regional del ALBA más afines al Mercosur liderado por Brasil. Sucede que el complejo hidroeléctrico más grande del mundo integrado por Itaipú y Yaciretá es el objetivo de la extensión imperialista de la línea Plan Puebla/Panamá, Plan Colombia.
Como se sabe, este diseño militariza las sociedades para el saqueo de los recursos naturales, la energía y la instalación de los TLC`s.
En el tema energético, Paraguay, se ha posicionado con claridad del lado de EE.UU. y el narco estado de Colombia. No es ajena a esta decisión, la presión que imprime la embajadora de EE.UU, Ayalde, promoviendo reuniones opositoras. Una denuncia formulada por el Ministro de Defensa Spaini, descubrió estas actividades opositoras realizadas en la sede diplomática de EE.UU. Como se sabe, la caja de Itaipú es uno de los puntos críticos de la estabilidad política en Paraguay. Dada la crisis económica mundial, EE.UU. está operando para apropiarse de la energía producida en Itaipú, que es considerada la segunda represa hidroeléctrica del mundo. Bermudez, el canciller de la muerte, expuso así la orden traída desde Washington: “ Colombia cuenta con empresas públicas y privadas en la capacidad relativa de generación, comercialización, transmisión y construcción de redes. Estamos avanzando en un proyecto de interconexión eléctrica con Panamá y subir por toda Centroamérica", precisó Bermúdez para luego agregar y admirar la disponibilidad eléctrica con que cuenta Paraguay, con dos grandes hidroeléctricas (Itaipú y Yacyretá). ( Ultima Hora, 10/3/10.)
En este marco, difundimos la nota que preparó Nemesio Barreto Monzón, sobre la trama política del secuestro de María Edith Bordón de De Bernardi.
Barreto aporta pruebas que explican el móvil del secuestro, con lo cual, es posible atribuir de manera contundente, las responsabilidades de la banda stronista que controlaba Itaipu durante la dictadura. Esta tesis abona la falsedad de la imputación de secuestro que pesa sobre los refugiados políticos Arrom, Martí y Colmán.
Por otro lado, están impunes, los policías que torturaron a estos militantes de izquierda, para que se autoinculpen. Esto permite sostener que Paraguay no ofrece garantías para que los refugiados regresen. Aún así, el gobierno de Lugo insiste en la petición para que Brasil extradite a los tres refugiados.
Por último, violando la soberanía del país de refugio, se ofrece una recompensa por la captura de los tres refugiados políticos, exponiendo a Paraguay a un incidente internacional.
A continuación la nota de Barreto:
Los efectos milagrosos de un secuestro
Cuando se produjo el secuestro de María Edith Bordón (noviembre de 2001), su suegro, el ingeniero Enzo Debernardi, estaba siendo investigado por el fiscal Derlis Céspedes (1) por una presunta complicidad en algunos casos de secuestros que figuraban en documentos oficiales de la entidad Itaipú. La investigación se inició el 20 de febrero de 2001, basada en un Informe Confidencial, con membrete del Ente Itaipú Binacional, enviado en fecha 28 de abril de 1975 al Comandante en Jefe, General Alfredo Stroessner, dando cuenta, entre otras cosas, del secuestro de César Cabral (2), Aníbal Abatte, Alejandro Stumps y Rodolfo Mongelós. Boda María Edith Bordón – Antonio DebernardiEl mencionado Informe Confidencial (3), originado en la Asesoría General de Seguridad e Informaciones, en la época en que el Ing. Enzo Enrico Debernardi Orillier era Director General paraguayo de la Binacional Itaipú (1973-1989), hace presumir la existencia de otras pruebas documentales. Además de las existentes en el Archivo del Terror, tales documentos podrían servir para el esclarecimiento de algunos casos de violación de los derechos humanos durante en régimen dictatorial del general Stroessner. En este sentido, además de los nombres ya mencionados, la apertura de los Archivos de Itaipú podría servir para aclarar otros casos de secuestros, como el de Remigio Giménez, quien luego de ser secuestrado en Foz de Iguazú en 1978, pasó 11 años de su vida en las cárceles de Stroessner. Del mismo modo, se podrían identificar los cuerpos que en 1984 se encontraron flotando en el lago de Itaipú. Los cadáveres encontrados en el mes de julio de ese año tenían una característica común: estaban atados de pies y manos y con perforaciones de bala en el cuerpo, algunos con perforaciones de bala en la cabeza. Del lado paraguayo nunca se investigó quiénes eran. Lo poco que se sabe sobre este caso es que tres de los “ajusticiados” eran de nacionalidad brasileña.
María Edith Bordón saluda al secuestrador Stroessner.En el centro se lo ve al inefable Ing. Enzo Debernardi.
El ingeniero Enzo Debernardi era uno de los informantes del dictador Stroessner y en tal sentido el diario “Noticias” publicó un artículo denunciando que "Debernardi era una usina de informes" (4). En este artículo el diario daba cuenta de que "Entre Enzo Debernardi, Sabino Augusto Montanaro y Pastor Coronel se desarrolló una amistosa comunicación tanto en los tiempos de lucha contra la subversión como a la hora de prestar servicios a los amigos, pero a costa del erario público. Debernardi también informó al ex Jefe de Investigaciones sobre los antecedentes de un periodista que realizó un trabajo sobre Itaipú y que, por supuesto, no fue de su agrado". Según otras informaciones de prensa, como la que aparece en el fascículo "General Stroessner", Nº 6 (diario "La Nación", 2005), el Ing. Enzo Debernardi, no sólo cultivó la amistad de temibles torturadores y represores, como la del entonces ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro o la del temible ex Jefe de Investigaciones Pastor Coronel (ya fallecido), sino también la amistad del mismísimo dictador Alfredo Stroessner (+), responsable de la mayor cantidad de secuestros y asesinatos registrados en Paraguay. En fotografías de la época se puede apreciar la presencia del propio dictador Stroessner en la boda de Antonio Debernardi con María Edith Bordón.
¿Qué hacía esta “encantadora” pareja con el secuestrador Stroessner?
María Edith Bordón, Antonio Debernardi y Enzo Debernardi con el dictador Stroessner.
Por consiguiente, el Ing. Enzo Debernardi, su hijo Antonio Debernardi y la esposa de éste, María Edith Bordón de Debernardi, no tenían ningún problema de conciencia para tratar con un asesino en serie como era Stroessner, al contrario y a juzgar por fotografías de la época, estaban muy complacidos con la amistad del dictador. ¿Qué vínculos unía a esta pareja con el secuestrador Stroessner? Por de pronto lo que puede decirse es que a los Debernardi –Bordón poco o nada les importaban las torturas, los secuestros y los asesinatos que por entonces ya sumaban a montones (5).
Antes y después del secuestro de María Edith Bordón se ha especulado, con razón o no, que se trataba de un auto secuestro, pero nada concluyente se ha demostrado sobre esta hipótesis. Lo cierto es que el secuestro tuvo efectos milagrosos. Con el secuestro de María Edith Bordón, fueron favorecidas varias personas; en primer lugar el Ing. Enzo Debernardi, pues la investigación del fiscal Derlis Céspedes, iniciada en febrero de 2001, quedó en la nada. El influyente Ing. Enzo Debernardi falleció el 2 de septiembre de 2008 sin haber sido molestado por la “justicia”. También fueron favorecidos Francisco Griño Guillén y Roberto Arturo Nagy Benítez, dos de los testigos ofrecidos por Cristóbal Sánchez, abogado querellante en la causa contra Arrom, Martí y otros s/Secuestro (Nº 2031). De la misma manera, el propio Ing. Antonio Debernardi fue otro de los favorecidos con el secuestro de su esposa, pues por aquel entonces la Contraloría había denunciado a los ingenieros Nagy, Griño y Debernardi, por ciertas “irregularidades” en la ejecución de unas obras civiles, cuyo monto ascendía a la respetable suma de 10 millones de dólares. Los antecedentes de tales “irregularidades” constan en el expediente caratulado “Contraloría General de la República contra Francisco Griñó Guillén, Roberto Arturo Nagy Benítez, Julio Ramón Lesme, Antonio Debernardi Cano Sobre Lesión de Confianza”. Esta causa se refería a la Licitación Pública Internacional CORPOSANA-OECF Nº 02/298 (“Ejecución de Obras Civiles y Montaje Electromecánico de los Centros de Distribución”). Como era de esperar, todos fueron desvinculados de la causa. A raíz de este sobreseimiento de culpa y pena, el 28 de agosto de 2003, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) saco un durísimo comunicado a la opinión pública, denunciando la manipulación de la justicia. Firmaban el comunicado, entre otros, los diputados Efraín Alegre, Fernando Oreggioni y Blanca Lila Mignarro.
Los abogados contratados por Debernardi: En el juicio por el secuestro de María Edith Bordón, la familia Debernardi contrató a los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni, Cristóbal Sánchez y Jacobo Grossman. Aunque procesalmente no tiene importancia como prueba de descargo, conviene saber quiénes son estos caballeros.
Jacobo Grossman: El abogado Jacobo Grossman, pasó 13 años en prisión por secuestros extorsivos. Entre estos figura el de Douglas Roberts, ex directivo de la empresa Pepsi Cola en la Argentina. Fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1991. A Jacobo Grossman se lo sindica como agente del Servicio Secreto Israelí. Según otras versiones, Grossman también estuvo vinculado con el ex coronel del ejército israelí, Meir Zamir, asesor del general Lino Oviedo. En 1999 Meir Zamir estaba hospedado en el cuarto 402 del Hotel Chaco en Asunción. El diario "El Día" publicó en 1999 una serie de artículos sobre Meir Zamir, quien habría reconocido haber vendido armas al ejército paraguayo, tales como ametralladoras Uzi y Jericó de procedencia israelí. Zamir fue también instructor de la guardia personal del ex presidente Raúl Cubas y de los grupos paramilitares de Lino Oviedo.
Eugenio Raúl Zaffaroni: Es un conocido jurista argentino, con un frondoso currículum profesional. Desde el 23 de octubre de 2003 es miembro de la Corte Suprema de la Argentina. Zaffaroni, sin embargo, también cuenta con un pasado menos conocido: fue juez en tiempos de la dictadura militar argentina. Por decreto 290/1976, firmado por Jorge Rafael Videla, Zaffaroni fue nombrado juez en lo criminal de Sentencia, de modo que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Pero Zaffaroni tiene el envidiable “don de la ubicuidad” y así desde el gobierno del general Onganía siempre ha caído bien parado. Aquí se cita un caso como ejemplo de su actuación. El 17 de febrero de 1976 Isabel Ibarra de Halley -esposa del paraguayo Manuel Ceferino Halley Barrios- (6) interpuso un hábeas corpus ante el juzgado penal, entonces a cargo de Eugenio Raúl Zaffaroni: fue desestimado el 17 de marzo de 1976.
Cristóbal Sánchez: En la década de 1980 Cristóbal Sánchez era abogado al servicio del Departamento de Investigaciones. El 10 de mayo de 2007 Cristóbal Sánchez fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso por ser candidato a integrar el Consejo de la Magistratura. Durante la audiencia, una víctima de la dictadura de Stroessner, el abogado Rubén Lisboa, acusó a Sánchez de haberle tomado declaración en la sala de tortura del Departamento de Investigaciones, dirigida por el temible Pastor Milciades Coronel (+).
¿De dónde salió el dinero para pagar el rescate?
La suma de dinero pagada por el rescate de la señora María Edith Bordón de Debernardi, oscila entre un millón y dos millones de dólares según las fuentes. El Ing. Enzo Debernardi, suegro de la víctima, afirmó que la suma pagada por el rescate fue de un millón de dólares (La Nación. Pág. 8. Martes 5 de febrero de 2002). La pregunta que aún flota en el ambiente es: ¿De dónde salió esa suma de dinero? El artículo 3 de la Ley 1015/97 obliga a justificar el origen del dinero. En la acusación del Ministerio Público, presentada el 16 de diciembre de 2002, no consta absolutamente nada sobre el origen del dinero. Es ésta una omisión intencional o hay que tomarlo más bien como un “pequeño” descuido involuntario.
Nemesio Barreto Monzón
Notas:
1. Causa Nº: 01-01-01-00001-2001-719. Tres años después, el 25 de octubre de 2004, el juez Gustavo Santander Dans continuó sin éxito la investigación.
2. El 15 de agosto de 2005, junto con el periodista brasileño Aluizio Palmar, que también había investigado la vinculación de Itaipú en el Plan Cóndor, fuimos a visitar a César Cabral, en su casa de Foz de Yguazú; le entregamos a César los documentos de Itaipú sobre su secuestro en 1974. Pero Cabral era un escéptico, no creía para nada que los ex jerarcas de Itaipú pudieran ser juzgados por la justicia paraguaya. El 31 de julio de 2003 César Cabral fue nuevamente secuestrado.
3. El borroso original de este documento se encuentra el Archivo del Terror, Libro W-P 12, Microfilm N. 00050 F 1808-1809.
4. Según el desaparecido diario "Noticias", edición del día sábado 16 de enero de 1993. Pág. 22/23.
5. Durante el régimen de Stroessner fueron secuestradas 19.862 personas; además, 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 están desaparecidas (Comisión Verdad y Justicia).
6. Manuel Ceferino Halley Barrios, víctima de la dictadura, sometido a crueles torturas, inició un proceso penal contra Alfredo Stroessner y otros por delitos de lesa humanidad. El juez Gustavo Santander Dans declaró al señor Alfredo Stroessner rebelde y contumaz a los mandatos de la justicia, remitió exhorto al Gobierno de Brasil y trabó embargo sobre bienes suficientes del procesado hasta cubrir la suma de dos millones de dólares americanos". Así dice un informe del fiscal Edgar Sánchez remitido al Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla.
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Fuente: Historia sincera del Paraguay contemporáneo. Nemesio Barreto Monzón. Edición del Autor. Asunción, 2006. Páginas 77-81. © NBM.